Por primera vez, Greenpeace podrá traducir su oposición a los transgénicos en una acción judicial concreta. Un tribunal federal ordenó admitir a trámite la demanda de amparo que la organización ambientalista interpuso para impugnar la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, vigente a partir del 2005, así como su aplicación "indebida" por parte de diversas autoridades. El amparo fue promovido el 4 de diciembre del 2006. Dos días después, un Juez federal desechó la demanda por notoria improcedencia, al considerar que Greenpeace carece de interés jurídico para impugnar estas normas ya que no le afectan directamente. Pero el 25 de enero, el Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó la decisión y ordenó admitir a trámite la demanda. "Incorrectamente, el Juez, al desechar la demanda en el auto de inicio de procedimiento de amparo, privó de la oportunidad a la quejosa de demostrar si hay afectación a su interés jurídico", resolvieron los Magistrados Roberto Avendaño y José Antonio García. Pese a la admisión del amparo, fuentes judiciales consideraron que no está claro el efecto de una posible sentencia favorable, pues ésta sólo serviría para proteger a Greenpeace de la aplicación de las normas cuestionadas, pero no podría extenderse a terceros ni resultar en órdenes del Poder Judicial al Ejecutivo. Además, el Juez federal David Cortés podría ordenar el desechamiento de la demanda, si considera que Greenpeace no acredita que sí tiene interés jurídico para litigar este caso. Greenpeace reclamó "la ejecución desarticulada y mal informada" de la Ley de Bioseguridad y la publicación en noviembre del 2006 de un acuerdo en el que se determinó cuáles son los centros de origen y los de diversidad genética del maíz en México. "Pretender llevar a cabo actos de Gobierno tendentes a la liberación de organismos genéticamente modificados, sin haber construido el Sistema de Salvaguardas y Supresión de Riesgos que la ley define, es actuar en la ilegalidad y poner en grave riesgo la salud y ecosistemas de los mexicanos", afirma la demanda. También señala que hasta ahora no se han emitido los criterios y procedimientos de evaluación y monitoreo que ordena la Ley de Bioseguridad. De hecho, el Ejecutivo no ha publicado el reglamento para esta ley, no obstante que el plazo para hacerlo venció en noviembre del 2005.
http://www.elnorte.com/nacional
No comments:
Post a Comment