Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia

Cimacnoticias
Una errónea difusión impide que se conozcan sus alcances y, sobre todo, que se entienda que no "castiga", pues es un marco legal.

La feminista Marcela Lagarde. Foto: Irene Soto

Desde que Felipe Calderón anunció la publicación en el Diario Oficial de la Federación "de una ley contra la violencia" y los medios electrónicos empezaron a difundir la idea de que era una ley "que castiga a los agresores", se ha generado confusión y controversia en torno a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El resultado de su errónea difusión es que muy pocas personas la conocen y, quienes saben de ella, tienen la idea de que se trata de una ley sólo punitiva.

Además, sin que se haya difundido en extenso las características de la citada norma, el Partido Acción Nacional, mediante el senador Ricardo García Cervantes, ha sostenido que es discriminatoria, porque no incluye a niños y hombres, contiene errores de redacción y es difícil de aplicar.

Estas pretendidas "imprecisiones" llevaron a García Cervantes a anunciar una iniciativa de reformas a la norma.

Las feministas Marcela Lagarde y Angélica de la Peña, principales impulsoras de esta ley y diputadas en la 59 Legislatura, afirman que lo que falta "es una visión más amplia" de los derechos humanos de las mujeres.

"La ley tutela y garantiza, promueve e impulsa el derecho a una vida sin violencia de las mujeres y busca la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre", aclara Lagarde.

Angélica de la Peña señala que no es una ley punible y "es la primera en su tipo porque tiene una perspectiva de género y antepone a las mujeres como sujetas de derecho, lo que no ocurre con ninguna de las leyes existentes".

Las leyes punibles están en los códigos, aclara, ésta "es una ley general que tiene que desatar una serie de acciones que comienzan desde el nivel federal, creando todo un sistema para atender, prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres y define los mecanismos institucionales para que finalmente haya una respuesta del Estado mexicano a este problema".

Violencia invisible

Marcela Lagarde, quien presidió la Comisión Especial de Feminicidio, señala que "los agravios, la violencia social, económica, jurídica, judicial, política, psicológica y cultural contra las mujeres es tolerada y fomentada y ni siquiera es considerada como violencia ni como un problema social, por lo que no se crean mecanismos para erradicarla, mucho menos se documenta en cifras".

La comisión detectó la falta de cifras confiables sobre el tema cuando, en la legislatura anterior, realizó una investigación para analizar la incidencia gubernamental en la procuración y administración de justicia, prevención y atención de la violencia de género, en especial la que culmina en homicidios de niñas y mujeres.

"A pesar de haber recabado información oficial prevalece la confusión y la falta de información básica, no hay correspondencia entre las cifras oficiales de diversas instituciones, de organizaciones civiles y de la prensa", dice Lagarde.

La ONU documentó y reconoció recientemente las diversas formas de violencia contra las mujeres. Uno de los conceptos que ha creado más debate es el relacionado con la violencia psicológica porque, según Angélica de la Peña, "se insiste en hablar de ésta como una violencia moral y no es así".

En México, la única investigación sobre violencia de género es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003, realizada por INEGI, la UNAM e Inmujeres, que reconoce violencia emocional, económica y sexual.

No castiga por sí sola

"Hay que entender el contexto en que se da esta ley", advierte De la Peña.

Las sanciones tienen que estar inscritas en los códigos penales, lo cual no ha quedado claro (para algunos legisladores) porque esta materia está conferida al ámbito local (entidades federativas), no es una atribución para legislar que tenga el Congreso de la Unión, como lo establece el artículo 73 constitucional".

La ley no castiga por sí sola, enfatiza Lagarde. "Hay que hacer un trabajo coordinado desde la Federación, los estados y municipios, lo cual implica una reforma de Estado, de las instituciones gubernamentales para garantizar que sea aplicable y el derecho que tutela sea exigible por todas las mujeres".

Ahora los jueces tienen que "atender" en función de lo que dice esta ley, aplicando sus conceptos novedosos, sostiene De la Peña: violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, que ahora no se consideran en México.

"Los jueces no están educados" en el reconocimiento de las acciones afirmativas como preceptos legales, por eso "la capacitación será primordial para que puedan fundamentar sus argumentaciones al momento de dirimir un juicio.

"Ahora se tienen que preparar los reglamentos, como lo establecen los transitorios de la ley y trabajar para que los conceptos que se proponen tengan viabilidad, no van a tenerla si no se reforman las leyes estatales", insistió.

Sobre la alerta de género, uno de los 19 artículos que se reservó la fracción panista, De la Peña aclaró que ha generado controversia "porque piensan que está violentando el artículo 29 constitucional, lo cual es un error".

Explicó que ésta se deriva de las acciones de protección civil, es decir, que no se tenga que pedir autorización ni al Congreso ni al Presidente de la República para apoyar una acción ante un desastre natural.

Violencia feminicida

La evidencia de que el feminicidio en México no sucede sólo en Ciudad Juárez, documentada por la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados en la 59 Legislatura, observó la necesidad de crear una ley que incluyera todas las formas de violencia contra las mujeres y una política integral, de orden federal, para enfrentar este flagelo que afecta a la mitad de la población del país: las mujeres.

Era una propuesta impulsada también desde décadas atrás por el movimiento feminista y amplio de mujeres, que han pugnado por una legislación sobre violencia feminicida y no sólo familiar.

La propuesta fue cabildeada desde la 59 Legislatura por diputadas de las Comisiones de Equidad y Género y Especial para la Niñez, la Adolescencia y las Familias, lo que culminó en su unánime aceptación en el Poder Legislativo.