El jueves pasado, en una asamblea de accionistas del Grupo Prisa, el
presidente de ese consorcio mediático, Jesús de Polanco, dijo que
el Partido Popular -el principal instituto de oposición en España-
\"considera que todo vale con tal de recuperar el poder\", acusó que
hay en las filas de ese organismo político \"quien desea volver a la
guerra civil\", y calificó como \"franquismo puro y duro\" el
respaldo de los \"populares\" a una marcha de protesta a la política
antiterrorista del actual gobierno, manifestación en la que algunos
participantes ondearon la bandera oficial de la dictadura de
Francisco Franco. La reacción del máximo dirigente formal del PP,
Mariano Rajoy, confirmó y rebasó esos señalamientos: en un
comunicado dirigido \"a todos los ciudadanos, y de manera especial a
los accionistas, anunciantes y clientes\" del Grupo Prisa, la cúpula
del partido decretó un boicot informativo y económico contra todas
las empresas del conglomerado.
Tal decisión ha sido objeto de toda suerte de justificadas críticas
por parte del resto del espectro político español, e inclusive de
organismos europeos. La pretensión de los \"populares\" de acallar
voces que le son adversas pone sobre la mesa de discusión las
actitudes indebidas de los factores del poder político -gobernantes,
partidos, legislaturas, tribunales- ante los medios, y no sólo en
España. Resulta ilustrativo recordar que, durante su ejercicio
gubernamental (1996-2004), el \"popular\" José María Aznar y sus
colaboradores persiguieron judicialmente a De Polanco y al directivo
de Prisa Juan Luis Cebrián, con acusaciones inventadas, e intentaron
impedir el acceso del consorcio al mercado televisivo. Ha de
mencionarse también que en las instancias de gobierno autonómico o
municipal controladas por gente del PP, el Grupo Prisa ha sufrido
actos de discriminación en licitaciones, las cuales se entregan, por
norma, a empresarios afines al partido de Aznar y de Mariano Rajoy, a
la Iglesia católica o a grupos de propaganda ultraderechista, como
Libertad Digital. Desde luego, los nuevos concesionarios practican la
exclusión informativa contra expresiones políticas que no sean las
del Partido Popular.
El reciente discurso de De Polanco habría podido describir fielmente
no sólo el creciente extremismo de la principal formación derechista
española, sino también el comportamiento de la derecha gobernante en
México durante la pasada campaña electoral: ese \"todo se vale\" se
tradujo, aquí, en campañas de lodo -el manejo
gubernamental-televisivo del caso Ahumada-; en la persecución
judicial injustificada contra el principal aspirante presidencial
opositor; en una campaña mediática de linchamiento; en la grosera
intervención de la Presidencia de la República para respaldar al
candidato oficialista y denostar a su adversario; en el uso de
recursos públicos con estos fines; en un manejo desaseado y
sospechoso de los resultados electorales, y finalmente, ante el
descontento social generado por todos esos abusos, en una gigantesca
movilización policiaco-militar para asegurar la sucesión.
No hay que esforzarse mucho para descubrir los paralelismos entre las
prácticas gubernamentales y partidistas del PP español y el grupo
político-empresarial que ejerce el poder efectivo en nuestro país
desde hace varios sexenios, y del que forman parte destacada algunos
consorcios mediático-informativos. Aquí se asegura la exclusividad
del espectro radioeléctrico a un puñado de concesionarios que, a
cambio, modulan la información en favor del gobierno y del
empresariado, excluyen las opiniones críticas y censuran cualquier
intento de esclarecimiento periodístico que pudiera afectar a algún
integrante del clan oligárquico; recuérdese a este respecto, el
boicot publicitario decretado hace una década por los grandes
empresarios para silenciar a informadores que documentaban las
prácticas de pederastia de Marcial Maciel, fundador de los
Legionarios de Cristo. Aquí los grandes consorcios televisivos
avasallan a las instituciones políticas, como ocurrió recientemente
con la aprobación de la llamada ley Televisa. Por lo demás, aquí
los gobernantes en turno suelen asignar la parte del león de los
presupuestos públicos destinados a publicidad oficial a los medios
electrónicos -que son parte de su instrumental de dominación
propagandística- y lo que queda lo reparten entre los medios
impresos que les son adeptos y aliados.
Las redes de complicidad entre los poderes políticos, económicos y
mediáticos, el uso del poder público para beneficiar a aduladores y
perjudicar a críticos y otras prácticas clientelares y
patrimonialistas con recursos de la nación, constituyen graves
atropellos a la libertad de expresión, de opinión, de información
y de empresa y, como ocurre en la península ibérica con la actual
campaña del PP contra Prisa, son una negación grosera y agraviante
de los más elementales principios democráticos.
Para volver al caso de España, ha de reconocerse que la única
ofensa de De Polanco a la cúpula de los \"populares\" fue la
enunciación de la verdad. Y es que allá le ha pasado al PP, en la
oposición, lo mismo que le ocurrió, aquí, a Acción Nacional, en
el poder: es decir, ha ido perdiendo su máscara democrática, ha
mostrado su disposición de dañar a las instituciones con tal de
recuperar (o conservar) su control, y se ha revelado como una
formación autoritaria, confesional e intolerante. Ha quedado claro
que actualmente la organización política fundada por Manuel Fraga
-ministro de Información de la dictadura- no está comprometida con
la democracia, sino con su propios antecedentes franquistas, y el
adjetivo no es insulto, sino descripción. El señalamiento del
empresario mediático de que no falta en ese partido quien quiera
volver a la guerra civil se confirma con la declaración formulada
días después por el ex presidente español Felipe González, quien
dijo que España vive un debate \"prebélico\".
En tales circunstancias, quizá sea tiempo de llamar a las cosas por
su nombre y señalar que hoy el partido de Aznar y de Rajoy es algo
más que un factor de autoritarismo y regresión derechista; es el
huevo de la serpiente, como llamó el cineasta sueco Ingmar Bergman a
las fases iniciales del fascismo. Cabe hacer votos porque el resto de
los españoles sea capaz de impedir el desarrollo del embrión
metafórico.
Para finalizar, los ataques a la libertad de expresión y al
ejercicio de opinión son ética y profesionalmente inaceptables y
repudiables, independientemente de la identidad, el tamaño y la
orientación política e ideológica de los agresores y de los
afectados. El hecho de que el Grupo Prisa y su buque insignia, el
periódico El País, constituyan un poderoso y vasto conglomerado
empresarial, no los descalifica como legítimos merecedores de la
más amplia solidaridad gremial y social en ambas orillas del
Atlántico, una solidaridad a la que, desde luego, La Jornada se
adhiere sin reservas.
PP: intolerancia, autoritarismo y algo más
El jueves pasado, en una asamblea de accionistas del Grupo
Prisa, el presidente de ese consorcio mediático, Jesús de Polanco,
dijo que el Partido Popular -el principal instituto de oposición en
España- "considera que todo vale con tal de recuperar el poder",
acusó que hay en las filas de ese organismo político "quien desea
volver a la guerra civil", y calificó como "franquismo puro y duro"
el respaldo de los "populares" a una marcha de protesta a la
política antiterrorista del actual gobierno, manifestación en la
que algunos participantes ondearon la bandera oficial de la dictadura
de Francisco Franco. La reacción del máximo dirigente formal del PP,
Mariano Rajoy, confirmó y rebasó esos señalamientos: en un
comunicado dirigido "a todos los ciudadanos, y de manera especial a
los accionistas, anunciantes y clientes" del Grupo Prisa, la cúpula
del partido decretó un boicot informativo y económico contra todas
las empresas del conglomerado.
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