Abordar de raíz el problema del crimen organizado que vive el País necesita partir de dos diagnósticos, en términos muy simples: uno sobre el problema, la delincuencia, y otro sobre los recursos para combatirlo, los cuerpos de seguridad y justicia del Estado. Pareciera que la parte difícil del problema es únicamente tener el panorama claro sobre la forma en que operan y están organizadas las redes de delincuentes que hay en México, y que lo segundo es más o menos obvio. La realidad está lejos de ser ésta. Tan importante y tan difícil de tener con precisión es uno como el otro, sobre todo cuando el crimen está entrepiernado con una parte de los cuerpos policiacos. Pero ahí no para el problema. No basta con tener el personal idóneo. Hace falta que la ciudadanía crea que lo es; que tengan -a la vista- pruebas palpables de su honestidad y capacidad. Las labores de inteligencia, de principio a fin, dependen de la confianza de la ciudadanía en sus policías, porque en esa medida comparten información con ellos. Y sucede que la gente normalmente tiene confianza en los servidores públicos, cualquiera que éstos sean, cuando su actuación está sujeta a controles y es posible ver que, efectivamente, están haciendo su trabajo de manera limpia. Esta realidad no parece estar prevista en la iniciativa de reforma constitucional del Presidente Calderón. No ofrece las herramientas para mejorar la confianza en los cuerpos de seguridad. Más bien, amplía los márgenes de estos últimos para trabajar con más opacidad, menos controles y menos vigilancia. No hay forma de sacarle la vuelta al hecho de que los mexicanos estamos ante un grave problema de credibilidad en la justicia, carencia que quienes elaboraron la propuesta de Calderón no están dimensionando. Tienen toda razón los senadores priistas que, si bien dispuestos a darle al Presidente Calderón las herramientas jurídicas para atacar el crimen organizado, le hacen ver que su iniciativa contiene errores graves y carencias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, manifestó en un comunicado que "las políticas de mano dura no han logrado el objetivo de reducir la criminalidad, pero han debilitado la institucionalidad democrática y han puesto en riesgo el respeto a los derechos humanos". Lo que necesita el mexicano parado a media calle y flanqueado en una orilla por un delincuente y, en la otra, por un policía, es que tenga claro a dónde correr. Nada más. juanciudadano@juanciudadano.com
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